Más sobre tortura
Raúl Herrero. Periodista
Madrid, 26 de junio de 2016. Aunque es algo deliberadamente ocultado a la opinión pública, lo cierto es que en el mundo se siguen dando casos de tortura, como lo evidencian las denuncias que organismos internacionales realizan con frecuencia. Sin olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha condenado al Estado español en más de ocho ocasiones por no investigar los casos denunciados en nuestro país.
Ello no es comparable, por supuesto, con lo sucedido durante la dictadura, cuando era práctica sistemática de las fuerzas de seguridad del régimen, en especial de la “banda criminal” conocida como Brigada Político-Social. Si caías en sus manos, sabías que ibas a pasar un mínimo de 72 horas a merced de indeseables en el edificio de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol (actual sede del Gobierno Autonómico de Madrid) antes de ser enviado a la cárcel por una orden dictada previamente por un juez del Tribunal de Orden Público.
En este edificio, ante cuya fachada los ciudadanos celebran animadamente cada fin de año, se albergaban unos calabozos en los sótanos y unas dependencias que en aquella época servían para ejercitar vejaciones, humillaciones, malos tratos, en fin torturas, practicadas por hombres que actuaban seguramente sin mala conciencia, "profesionales", quizá buenos padres de familia y vecinos que daban los buenos días, implicados en las más sucias tareas para "mantener el orden".
Ser víctima de estos monstruos era entrar en un mundo donde te encontrabas absolutamente indefenso, esposado, impotente, eras objeto de violencias gratuitas que no tenían más sentido que hacerte ver la inutilidad de cualquier actividad, por moderada que fuera, que pudiese cuestionar el poder descarnado de quien se sabe impune.
Formaban parte estos hechos de los métodos planificados por la dictadura para la institucionalización del terror, métodos que podían dejarte lisiado o con importantes secuelas, métodos que podían llevar a la muerte de quien padecía estos "hábiles interrogatorios". Se dieron varios casos de muerte en dependencias policiales, hasta en las postrimerías de la dictadura.
Pero para combatir esta lacra de la humanidad hace falta que los poderes democráticos se doten de los instrumentos jurídicos y muestren voluntad real de terminar con la tortura porque, en muchos casos, como ocurre con los responsables de de estos crímenes en la dictadura franquista, su conducta permanece todavía impune, pese a que se trata de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles según las normas del Derecho Internacional.
Si repasamos el Código de normas internacionales relativas a las víctimas veremos cómo ahí se encuentran tanto las de ámbito universal (ONU) como de ámbito europeo (Consejo de Europa y Unión Europea) y americano (Organización de Estados Americanos) y se refieren, entre otras, a las víctimas de tortura. Pero son normas de distinta naturaleza: unas convencionales del estilo de las declaraciones de Derechos Humanos como algo intrínseco a la persona como principio, valor y reglas por encima de cualquier circunstancia y defendible en cuanto condición humana civilizada, como deber moral. Y otras ya incardinadas como leyes de aplicación efectiva establecidas de manera positiva y reglada en las constituciones democráticas y en los Códigos Penales de los países integrados en las Naciones Unidas.
Se trata de ir hacia lo que se entiende modernamente como Justicia Transicional, que se puede sintetizar como el conjunto de medidas judiciales y políticas que varios países están utilizando como medio de reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre estas medidas impulsar acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación a las víctimas y reformas institucionales. Además, programas pedagógicos no sólo a la ciudadanía en general sino con especial dedicación a la formación de la judicatura y las fuerzas y cuerpos de seguridad.