10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte
Madrid, 10 de octubre. Aunque cada vez son menos el número de países que la mantienen en sus códigos legales y/o los que o la erradican pero tampoco la aplican, el número de ejecuciones aumentó en 2013 respecto al año anterior en un 15%. Por ese motivo se redoblaron esfuerzos, con reuniones tan importantes como la que se celebró en Madrid en junio del pasado año en el 'V Congreso Mundial contra la pena de muerte' y en la que estuvo presente la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
En 2015, se cumplirán 50 años desde que Naciones Unidas se pronuncia a favor de la abolición de la pena de muerte. Un largo camino por el que organizaciones, gobiernos pero sobre todo la sociedad civil se ha ido sensibilizando de que este castigo no respeta los Derechos Humanos. Los índices de criminalidad los alimenta el empobrecimiento, no el miedo a la horca, por lo que no sirve para acabar con la criminalidad. Actualmente su aplicación va más allá: presos políticos, minorías, menores, discapacitados, homosexuales y un largo etcétera.
Un camino en el que se han conocidos atrocidades de Estado y que tuvo un punto álgido en 1991, cuando la ONU aprueba la abolición total de la pena de muerte en tiempos de paz en el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que a mediados de la década de 1990 se sabía que cada año una media de 40 países llevaba a cabo ejecuciones, durante los primeros años de este siglo se tuvo constancia de ejecuciones en 30 países por término medio. Un significativo avance que sin embargo no se ve cambio en los países que encabezan el ranking de ejecuciones: China, Irán, Arabia Saudí, EEUU, Corea del Norte, Irak, Yemén.
Países donde la justicia imparcial y un proceso justo no están garantizados, donde es difícil conocer los datos reales de condenan y más aún defender al acusado. Además la pobreza suele estar detrás de la mayoría de casos. Como explica para FIBGAR José Vicente Mestre Chust, consultor de Filosofía en la Universitat Oberta de Catalunya: "La pena de muerte es injusta, ya que suelen ser los miembros de las clases más desfavorecidas los más castigados, debido a su menor capacidad de pagar una defensa de calidad y porque ante un error judicial, es imposible la reparación".
Por estos argumentos y por otros muchos más, desde FIBGAR hacemos un llamamiento a la ciudadanía a reclamar a estos países a que abandonen una medida que viola los Derechos Humanos y animamos a sensibilizar a nuestro entorno sobre el Derecho a la Vida y a que la ejecución de una persona nunca puede ser una forma de armonización de nuestros pueblos.