FIBGAR acoge con satisfacción las conclusiones finales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
Madrid, 30 de julio. El informe final relativo a las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil y el franquismo presentado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, emplaza a España a presentar, en el plazo de 90 días, un cronograma en el que se indique las medidas que se llevarán a cabo para implementar sus recomendaciones, las fechas previstas para aplicar cada una de las medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento de las mismas.
En el mismo informe, fruto de su visita a España en septiembre de 2013, el grupo de expertos de la ONU ha señalado la «profunda frustración» de las víctimas de desapariciones forzadas «frente a los obstáculos administrativos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos». Entre los obstáculos con los que las víctimas se encuentran para ver reconocidos sus derechos, el grupo de trabajo menciona el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica; la carencia de presupuesto para la implementación de ésta; la vigencia de la Ley de Amnistía tal como ha sido interpretada por las autoridades judiciales; la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas; la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada; la falta de una ley de acceso a la información; la dificultad para acceder a los archivos; y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.
Con el fin de superar estos desafíos, el grupo de expertos hace al Estado Español una serie de recomendaciones que invita a dar respuesta en un plazo de 90 días desde la publicación de su informe final. Entre las peticiones destacan las que FIBGAR apuntó durante su encuentro con los miembros de la delegación.
1. Desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione «mayor apoyo institucional y financiero» a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo y que cree una «entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros» que se encargue de «todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones». Naciones Unidas pide al Gobierno que elabore un «plan nacional de búsqueda» de estas personas y que lo ponga en marcha «a la mayor brevedad posible«. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho, hasta la fecha, todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas.
2. Justicia. Investigaciones «de oficio». Naciones Unidas recomienda «investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas». Para ello, reclama «eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales», como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, aunque finalmente fue absuelto.
3. Símbolos. El Valle de los Caídos. La ONU pide a España que proporcione «los fondos adecuados» para que la ley de memoria histórica «pueda aplicarse» y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que «vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» . Y reclama, especialmente, la «implementación» de las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
4. Niños robados. Banco de ADN. La ONU propone a España «fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación» y garantizar un banco nacional de ADN que integre «muestras genéticas de todos los casos denunciados».
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en septiembre de 2013 con el objetivo de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas.
El Grupo de Trabajo se reunió con autoridades y cientos de familiares y organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así como con otras organizaciones de la sociedad civil, y concluyó que en se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) sin existir hasta la fecha una cifra oficial – y por tanto un censo estatal de víctimas- del número de personas desaparecidas.
